«España, según la Constitución de 1978 se define como una Monarquía parlamentaria representativa y un Estado de Derecho»

1 de octubre CataluñaDeclara la indisolubilidad de la Nación, es decir, no es divisible.

Su estructura territorial y administrativa se basa en Comunidades Autónomas en las que, el Estado, al que éstas representan, les cede el ejercicio de determinadas competencias. Hasta aquí, lo que la Constitución establece es claro y no admite interpretación alguna.

A partir de aquí, hay que establecer puntualizaciones al Gobierno catalán y dejar claro que:

 

 

  1. El que ha subvertido el orden constitucional durante demasiados años ha sido el Gobierno catalán, es decir, los representantes del Estado en Cataluña.
  2. El que, en claro fraude de ley y deslealtad institucional, saltándose cualquier principio político, democrático, administrativo y jurídico, ha aprobado una suerte de ordenamiento legislativo, con el único fin de subvertir el orden constitucional, ha sido el Gobierno de Cataluña.
  3. El que en clara desobediencia al Estado al que representa y sus instituciones, se ha alzado contra el mismo, poniendo en riesgo a sus propios ciudadanos, sus funcionarios y la estabilidad de España, ha sido el Gobierno de Cataluña.
  4. El que ha movilizado a una parte de sus ciudadanos en contra del Estado al que representa, fracturando su sociedad, poniendo en riesgo su bienestar e incluso su seguridad y la seguridad y estabilidad de España, ha sido el Gobierno de Cataluña.
  5. El que ha violentado a sus propios funcionarios, a la judicatura y fiscalía, a sus policías judiciales hasta el limite de exigirles que delincan, ha sido el Gobierno de Cataluña.
  6. El que pretende ocultar la quiebra de su gestión y la corrupción más escandalosa, practicando desde hace décadas una suerte de apartheid moral, étnico y lingüístico, ha sido el Gobierno de Cataluña.
  7. El que ha alimentado desde hace décadas, mediante ese apartheid, el odio al Estado al que representan, Nación y Patria de todos los españoles, ha sido el Gobierno de Cataluña.

«El que ha hecho una total y absoluta dejación de sus funciones en representación del Estado que le ha concedido el ejercicio de determinadas competencias -llevando a la región que gobierna y administra a la ruina moral, política y económica- ha sido el Gobierno de Cataluña»


De todo ello se puede concluir:

  1. Que el Gobierno de la Nación tiene algún tipo de responsabilidad, cuando menos subsidiaria, por cuanto han sido sus representantes directos en Cataluña los que han llevado a Cataluña y a España a la situación actual de quiebra y enfrentamiento social.
  2. Que el Gobierno de España, en múltiples y reiteradas ocasiones, ha ofrecido dialogo y advertido al Gobierno de Cataluña que el camino emprendido no conduce a nada, y en todas las ocasiones, la respuesta del Gobierno de Cataluña ha sido no solo la desobediencia y la deslealtad, sino la provocación y la amenaza.
  3. Que el Gobierno de España, primer obligado a velar por el Orden constitucional, ha actuado con la única herramienta a su alcance, que es el ordenamiento jurídico vigente, es decir, el Estado de Derecho, tanto en la vía administrativa como en la vía penal y por supuesto de orden público.
  4. Que el único responsable de las alteraciones del orden público que se han producido es el Gobierno de Cataluña y en ningún caso se debe a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, que en todo momento han cumplido con su deber, sino que, al contrario, su intervención ha evitado males mayores expresamente buscados por los golpistas catalanes y propiciados por la dejación de sus funciones de la Policía autonómica, incumpliendo estos con su obligación y deber.

«Que el único responsable de intentar su legitimación internacional basándose en el descrédito del Estado al que representan, Nación y Patria de todos los españoles, ha sido y es el Gobierno de Cataluña»


Entre otras puntualizaciones que considero necesarias, enumero las siguientes:

  1. Diálogo sí, pero exclusivamente en el marco del Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico y la Constitución. En consecuencia es lógico, comprensible y no susceptible de debate que el Gobierno de España bajo ningún concepto puede sentarse en una mesa de dialogo cuando el Orden del Día contempla nada más y nada menos que subvertir el orden constitucional, romper la soberanía nacional y alterar el Estado de Derecho.
  2. Desde un primer momento el Gobierno de Cataluña, con premeditación, perseguía el fin y objetivo, para el que carece de toda legitimidad, de declarar la independencia mediante un golpe de Estado jurídico y administrativo.
  3. Que desde un primer momento el Gobierno de Cataluña ha despreciado el interés general de España y de los españoles, catalanes incluidos, al que están obligados como servidores públicos en representación del Estado.
  4. Que no es de recibo bajo ningún concepto, por la absoluta falta de legalidad y legitimidad del Gobierno de Cataluña, que nadie pueda dar crédito a la fantochada que se produjo el 1 de octubre.

«Es de obligado cumplimiento moral, ético, político y democrático que la totalidad de los partidos políticos apoyen y defiendan de forma clara, nítida y contundente el orden constitucional frente al golpe de Estado de los separatistas catalanes»


Por último,  quiero dejar constancia de lo siguiente:

Mi convencimiento de que, en la situación actual, el Gobierno de la Nación, con el apoyo de todos los partidos, o sin él, ya que es su responsabilidad, debería:

  1. Aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana.
  2. Convocar de inmediato elecciones autonómicas en Cataluña.
  3. Proceder en el momento procesal oportuno, a la detención y puesta a disposición de la judicatura a los responsables, únicos responsables, del golpe de Estado separatista, es decir, al Gobierno de Cataluña y la Presidenta del Parlamento Catalán y todos aquellos que han intervenido expresamente en el golpe de Estado.
  4. Abrir el debate de reforma de la Constitución y su posterior desarrollo legislativo.
  5. Suprimir el término nacionalidades que ni ha existido ni existe en España, aclarando así la estructura territorial del Estado.
  6. Delimitar en la Constitución y su posterior desarrollo legislativo, de forma taxativa y exhaustiva, las competencias de las Comunidades Autónomas.
  7. Establecer expresamente en la Constitución y en su desarrollo legislativo que todas las Comunidades Autónomas son iguales en derechos y obligaciones, exactamente igual que todos los españoles.
  8. Recuperar las dos competencias básicas que sí igualan a todos los españoles: educación y sanidad.
  9. Ilegalizar, por antidemocráticos  e inconstitucionales, aquellos partidos entre cuyos objetivos políticos figure el quebrantamiento del orden constitucional, como son la forma y estructura del Estado y sus instituciones y la soberanía nacional.
  10. Suprimir en todo el territorio todas aquellas instituciones, públicas y privadas, entre cuyos objetivos o fines, se contemple la alteración del orden constitucional y sus principios democráticos básicos.
  11. Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal a fin de contemplar delitos y penas que disuadan y castiguen a los representantes del Estado o formaciones políticas que incumplan sus obligaciones.
  12. Disolver los Cuerpos policiales autonómicos, cuyos gastos sufragamos todos los españoles y no las Comunidades Autónomas, por cuanto la Seguridad y Orden Público corresponde exclusivamente al Estado.

 

Fernando Autrán Pérez

Madrid, a 2 de octubre de 2017

 

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