Realmente hace unas semanas era impensable que todo el planeta fuera a estar confinado. La situación que la enfermedad COVID 19, producida por el “coronavirus”, es el cataclismo sanitario y económico sin precedentes. En el ámbito sanitario las epidemias han dado lugar a la especialidad de epidemiólogo, pero en el ámbito económico, también de la máxima importancia, las crisis vividas no tienen parangón con la que se está produciendo ahora día tras día.

Igual que se ha declarado de “estado de alarma” propongo que se pueda producir una “declaración de economía basal”, de forma que todos los agentes económicos y los trabajadores, sepan a qué atenerse desde el primer momento.

La “economía basal” supondría plegarse a las condiciones económicas sobrevenidas que provocan la paralización de gran parte de la economía. Plegarse es asumir la rebaja de toda la actividad, y ello afectaría a todos y, por tanto, requeriría la colaboración de todas las personas incluyendo a los trabajadores y a los empresarios; a las familias y a los pensionistas; a los que ejercen las profesiones libres y a los autónomos. Los sectores esenciales no se verían afectados, al ser necesario que no se paralizaran, pero el resto sí.

¿En qué consistiría? En evaluar las necesidades basales de los hogares, entendiendo por hogar la unidad de convivencia, como antiguamente contabilizaban la población, y esas necesidades determinarían los ingresos necesarios para pasar el tiempo de confinamiento. Es decir, el importe habitual de la nómina de cada trabajador, se reduciría hasta dejarle lo necesario para cubrir la necesidad basal de cada hogar. Esta reducción no sería el resultado de aplicar un porcentaje, pues las personas que perciben altos emolumentos, verían que el descenso era mucho más fuerte que el aplicado a otros trabajadores. Recibiría cada hogar, según sus necesidades, en función del número de miembros que conviviera.

Estos descuentos en las nóminas afectarían tanto a las empresas del sector privado, como al sector público, y en todos los casos los impuestos se tendrían en cuenta de forma que el importe neto a recibir, cubrieran las necesidades basales.

Las empresas, incluidos los empleadores autónomos, verían disminuidos sus gastos de personal, en mayor medida cuantos más trabajadores emplearan. Los trabajadores autónomos que no tuvieran empleados en nómina recibirían una asignación equivalente a su necesidad basal que les hubiera correspondido.
La Administración vería disminuidos los gastos de personal, funcionarios y eventuales, y los que se dedujeran de su propia inactividad, lo que le permitiría destinar a fondos a financiar a aquellos que tuvieran derecho a percibir las ayudas para cubrir la necesidad basal.

El tejido productivo de la economía vería reducida su actividad; las empresas o industrias que rebajaran su producción, verían aliviada su situación por el descenso de las nóminas, evitando su cierre. Por otra parte toda cadena comercial experimentaría un descenso de demanda que, en algunos productos, llegaría a cero ventas, pero tras aplicar los descensos de las nóminas del personal, los propios empresarios de las pequeñas y medianas empresas tendrían derecho a percibir el importe de su necesidad basal, siempre que lo solicitaran.

La Agencia Tributaria, que tiene suficiente información sobre todos los contribuyentes, tendría que generar una información paralela con los datos de los “hogares” e implementar el sistema que facilite a las empresas las necesidades basales de sus trabajadores, para la aplicación de la economía basal.
En un primer momento puede resultar extraño una propuesta de reducir los ingresos y los impuestos, pero es necesario tener en cuenta que sólo duraría el tiempo en el que no se pueda ir al cine, restaurantes, bares, viajes, espectáculos, incluyendo los deportivos, que no se gastaría dinero en transporte ni en gasolina y, por tanto, la necesidad basal sería la suma del gasto en alimentación, agua, electricidad, gas, teléfono y sanidad que serían los elementos esenciales para definir la necesidad basal de los hogares. Las hipotecas podrían aplazarse y para los alquileres habría que encontrar fórmulas para rebajarlos a un nivel basal.

Los medios técnicos actuales harían posible la puesta en marcha del mecanismo para su aplicación inmediata en cuanto fuera necesario el confinamiento. Espero y deseo que, a pesar de la globalización, no haga falta nunca declarar la “economía basal”

José Luis Montero Casado de Amezúa.
Ingeniero Agrónomo, Especialidad de Economía Agraria
Ex Subdirector General Económico-Financiero del FEGA